Calles de Venezuela controladas por grupos de exterminio del régimen comunista


VENEZUELA-CRISIS-SECURITY
Miembros de la FAES detienen a un grupo de jóvenes durante un operativo en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela, el 25 de enero de 2019. (Luis Robayo / AFP)

Patrullan en motocicletas. Encapuchados, una calavera bordada en el uniforme, con chalecos antibalas y fusiles de asalto, los miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana se ven con frecuencia en los barrios pobres de Venezuela. Y su presencia es ominosa.

La FAES ha sido acusada de haber realizado miles de ejecuciones extrajudiciales desde su activación en julio de 2017. La gran mayoría de las víctimas, señalan varias ONG locales e internacionales, son jóvenes que no apoyan al régimen de Nicolás Maduro.

“La víctima promedio de la FAES es un hombre entre 19 y 31 años, de piel morena, vive en zonas populares, de bajos recursos… y deja huérfanos”, dice a Diálogo Edwin Gil, un abogado con Proiuris, una ONG venezolana especializada en los derechos humanos.

Parado al lado de un pizarrón blanco con decenas de nombres de víctimas de la FAES, Gil comparte su rutina en Caracas. Pasa muy poco tiempo en la corte, dice, en la morgue sí. Va tres veces por semana y así logró realizar los primeros pasos para dar acompañamiento legal a 28 casos de ejecuciones extrajudiciales que involucran a la FAES.

Si bien la organización registra ejecuciones a nivel nacional (solo en octubre de 2019 contabilizó más de 130), hasta ahora sus actividades legales se enfocan en Caracas y “solo FAES”, precisa Gil. Según cifras del Observatorio de Violencia de Venezuela, las fuerzas de seguridad ejecutarían unas 20 personas diariamente en el país –de esas, la mayor parte serían a manos de la FAES.

En la morgue, Gil busca establecer contacto con las familias de los muertos y brindar respaldo legal a los deudos que aceptan su oferta. La mayoría, sin embargo, prefieren “dejar eso así”, explica el abogado.

“Cada día que vamos a la morgue vemos dos posibles casos, a veces tres”, dice Gil. “Los demás [familiares] no quieren denunciar por miedo”.

La situación con la FAES es tan problemática que el 4 de julio de 2019 la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, requirió su disolución. Un día después, Maduro incluyó a agentes de la fuerza en el desfile militar para celebrar la fiesta patria de independencia. El 17 de julio, reiteró su apoyo en un acto público, declarando, “¡Que viva la FAES!”

Muy poco se sabe del cuerpo policial, cómo son reclutados o entrenados, ni cuántos son. Sus agentes son anónimos y van con la cara cubierta. Su comandante, el Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Rafael Enrique Bastardo Mendoza, fue sancionado en agosto de 2019 por los Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.

Lo que es cierto, dicen activistas, es que la FAES dispara para matar.

“La FAES es un grupo de exterminio creado por el régimen dictatorial, encargado de matar o desaparecer a todo el que le fastidia en el camino”, dijo a Diálogo Carlos Nieto, el abogado que lidera la ONG venezolana Una Ventana Hacia la Libertad. “No solo a personas vinculadas al tema político, incluye también a delincuentes y a todo el que la haga difícil su trabajo. [Fue] creado para matar gente, para asesinar a ciudadanos”.

Balazos en el pecho, disparos en el corazón o en la cabeza son los patrones utilizados por la FAES, dice Proiuris. La mayoría de las actas de defunción revisados por la organización señalan el shock hipovolémico –una pérdida masiva de sangre– como causa de muerte.

“La versión oficial siempre es que se trata de un enfrentamiento”, dice Gil. “Pero es curioso, las víctimas casi siempre se mueren de shock hipovolémico. Se corresponde más con un ajusticiamiento”.

Cuando las víctimas no fallecen de inmediato, los agentes de la FAES se abstienen a brindar primer auxilio y eligen llevarlas a un hospital distante de donde ocurrieron los hechos, revelaron investigaciones de Proiuris. “La intención de los funcionarios policiales es no dejar sobrevivientes”, indica la organización en su sitio web.

La siembra de armas de fuego, drogas y hasta el robo a los familiares son otros patrones de la FAES, puntualizó Luis Ezequiel, profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela, durante un foro organizado por Proiuris a mediados de octubre.

Casos conocidos de miembros de la FAES acusados ante la justicia son pocos. A finales de octubre, seis agentes de la FAES fueron imputados y serán procesados –gracias al apoyo legal de Proiuris– por el homicidio en marzo de 2019 de dos funcionarios de la Policía Municipal del Chacao, una subdivisión de Caracas. La organización puntualiza que otros cuatro están detenidos por el asesinato de un estudiante de enfermería de 24 años en un barrio pobre de Caracas en julio de 2017.

“Fueron capturados en diciembre de 2018 y no han tenido ni audiencia”, dice Gil, agregando que podrían quedar libres a cualquier momento.

El 98 por ciento de los casos, según la ONG venezolana el Comité de Familiares de las Víctimas de la Violencia (Cofavic), son exentos de pena.

Es procedente decir que la información fue facilitada por Dialogo. Edición, Área Periodística OIPOL.

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