Fuerzas Militares colombianos en guerra contra cibercriminales


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El Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Armadas de Colombia planea y conduce operaciones militares en el ciberespacio, para contrarrestar amenazas y ataques en Internet. (Foto: Comando Conjunto Cibernético de Colombia)

Las Fuerzas Militares de Colombia operan 24 horas al día contra ataques cibernéticos y campañas de radicalización y desinformación, que buscan desacreditar el trabajo de las instituciones y provocar polarización en la sociedad. Su principal apoyo es el Comando Conjunto Cibernético (CCOC).

“El CCOC cuenta con capacidades de procesamiento de datos, interconexión directa a las comunicaciones y software con capacidades de investigación, contención y defensa virtual”, dijo a Diálogo Juan P. Salazar, director de la firma colombiana CyberLawyer & Public Affairs. “También monitorea las informaciones publicadas, verifica datos y hechos, y detecta patrones de comportamiento en redes sociales para combatir la desinformación”.

De 2017 a diciembre de 2019, Colombia registró más de 53 000 incidentes de seguridad virtual por parte del crimen organizado transnacional, de los cuales el mayor número se debió a robo de dinero a cuentas bancarias de empresas y particulares, seguidos por robos de identidad y difamación, asegura la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.

Los asaltos informáticos no conocen fronteras virtuales ni físicas; su costo es mínimo y su trazabilidad es difícil. “Razón por la cual debemos ser proactivos al generar mecanismos que establezcan estrategias sólidas de seguridad, para nunca tener la defensa abajo”, dijo a Diálogo el Mayor del Ejército Edson Mahecha, jefe de Estrategia, Planes y Proyectos del CCOC, del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia.

“Afinamos los sentidos para detectar estas prácticas, consideradas como las principales armas en el quinto dominio [de la guerra]”, agregó el May. Mahecha. “Los ataques cibernéticos buscan generar desprestigio a instituciones, personas, acontecimientos, ganar adeptos, imponer tendencias, desvirtuar información, robar información personal, suplantar identidades, influir en las estrategias políticas, la toma de decisiones y la percepción de la opinión pública”.

Por ejemplo, el 31 de agosto de 2019 circularon imágenes en las redes sociales que mostraban a cuatro mujeres supuestamente muertas en un bombardeo de militares colombianos contra disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Caquetá. El Ministerio de Defensa colombiano rechazó las acusaciones, pues las imágenes, difundidas por Gustavo Petro, excandidato a la presidencia, en realidad corresponden a una balacera registrada el 22 de agosto en la localidad de Touros, en el estado de Río Grande del Norte, en Brasil, donde varios integrantes de una misma familia fueron masacrados.

En otro caso, el 1.º de septiembre, el Ejército de Colombia desmintió que uno de sus helicópteros fuera derrumbado en su frontera con Venezuela, como difundieron fuentes anónimas a través de un video en las redes sociales. El video corresponde a una aeronave del Ejército que tuvo un accidente por fallas mecánicas el 18 de octubre de 2017 en Medellín, donde 10 militares resultaron lesionados.

“Esta herramienta de guerra híbrida [política, convencional, irregular y ciberguerra] puede provocar la pérdida de estabilidad de un Estado funcional y generar polarización en la población”, comentó Salazar. “La mejor arma es la transparencia de la información basada en la libertad de prensa, los derechos humanos, las democracias y las sociedades abiertas”,

Para mantenerse a la vanguardia e incrementar las capacidades de ciberseguridad, ciberdefensa y la guerra virtual de desinformación, es necesario incrementar la cooperación internacional. “Afortunadamente Colombia, al igual que otros países latinoamericanos, cuentan con el apoyo de los Estados Unidos a través del Programa de Seguridad Cibernética, del Comité Interamericano contra el Terrorismo”, finalizó el May. Mahecha.

La información fue facilitada por Julieta Pelcastre / Diálogo. Edición, Área Periodística OIPOL.

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