Cuarteles militares de Venezuela penetrados por la corrupción


  • Desde el tráfico de drogas hasta el contrabando y las transferencias de armas, militares venezolanos sacan partido de sus posiciones de poder
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Vista de la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en el sector de Cotiza, Caracas, el 21 de enero de 2019. (Foto: Yuri Cortez / AFP)

El 14 de noviembre, el Ministerio Público de Venezuela anunció la decisión de acusar al General de División de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Aquiles Lapadula, por su aparente participación en el desvío de 33 470 litros de ácido sulfúrico, una sustancia utilizada para la fabricación de cocaína.

El expediente contra el oficial comenzó el 9 de septiembre, cuando efectivos de la GNB detuvieron al conductor de un camión, al detectarse una discrepancia en los documentos que portaba para justificar el traslado del precursor que habían sido firmados por el propio Gral. de Div. Lapadula.

El oficial había sido designado en julio de 2019 por Nicolás Maduro para ejercer la más alta posición militar del departamento del Zulia. Ahora, permanece detenido en una celda de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.

José Luis Pirela, presidente de la Subcomisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y contra la Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional de Venezuela, sostuvo que el caso de este oficial es “de extremada gravedad”.

Pero no se trata de un problema aislado, puesto que el involucramiento de militares en delitos es cada vez más frecuente. El tráfico de drogas es apenas una de las actividades ilegales en la que participan los uniformados.

“En mis 30 años de carrera solo supe de tres oficiales procesados por delitos de drogas. Ahora, eso es todo el tiempo”, afirmó un general de brigada retirado, quien ejerció en la Dirección de Inteligencia Militar (predecesor de la DGCIM) durante la presidencia de Hugo Chávez.

El oficial, que pidió no ser nombrado por razones de seguridad, recordó que a partir de 2005 se inició un proceso de expansión de la participación de oficiales activos en áreas que no eran exclusivas del quehacer militar, algo que la ONG Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, denunció como el control casi absoluto por parte de los militares “de los procesos civiles de la sociedad”.

Simultáneamente, añadió el ex militar, el oficialismo copó el poder judicial para asegurar, entre otras cosas, que los delitos de los militares quedarán impunes. Recordó que el mismo año el presidente de la Corte Marcial, el Coronel de la GNB Eladio Aponte Aponte, pasó a ejercer la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Antes de refugiarse en Estados Unidos en el 2012, el Cnel. Aponte admitió a la prensa haber emitido sentencias absolutorias para casos de oficiales del Ejército involucrados en tráfico de drogas.

La convicción de que los delitos quedarán impunes ha estimulado la participación de los militares en actividades ilegales que llegan hasta el homicidio, apuntó el ex militar.

El 18 de noviembre de 2019, por ejemplo, integrantes de la GNB apresaron al Teniente de la GNB Ronald Noé Hernández Vega, por su aparente participación en el asesinato de un sargento mayor de la institución.

Luis Cedeño, el director del Observatorio del Delito Organizado, una ONG venezolana, explicó que los militares se involucran en aquellos delitos para los cuales disponen de mayores oportunidades, como consecuencia del control que ejercen sobre los distintos mercados, por decisión del Gobierno.

“Los sectores políticos en el poder le han dado prebendas a la Fuerza Armada Nacional, a cambio de que los militares apoyen a la revolución”, afirmó.

Indicó que las áreas donde esto sucede con mayor notoriedad son las de petróleo y minas, distribución de alimentos y otras mercancías de consumo masivo y control a las armas.

“Hay transferencias permanentes de armas, municiones y explosivos como granadas. Todo esto ha permeado a bandas criminales y forma parte de la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana]”, señaló.

El 17 de septiembre, por ejemplo, agentes de Contrainteligencia Militar detuvieron a tres oficiales por la sustracción de 24 000 cartuchos para fusil AK-103. Los elementos estaban asignados precisamente al cuidado del polvorín del componente aéreo de la Academia Militar en Maracay.

Para el General de Brigada (retirado) de la GNB Régulo Díaz Vega, ex subcontralor general de la FANB, el delito militar “se ha generalizado”.

“Los generales y oficiales superiores tienen acceso a determinados negocios ilegales, y los subalternos, al ver estos hechos delictuosos, se abrogan el derecho de hacerlos en menor escala”, explicó.

Esta situación tiene un efecto pernicioso sobre la preservación de la disciplina y la subordinación. “Al capitán o al coronel ya no lo van a ver como un superior sino como un socio”, dijo.

Según Díaz, aún hoy en día existe una constante filtración de informaciones sobre las actividades ilegales de los militares, puesto que grupos rivales dentro de la FANB o militares institucionalistas las dan a conocer.

El ex militar consultado para este informe sostuvo que la recuperación de la FANB será en extremo complicada y tomará años.

Cedeño, por su parte, manifestó que la institución militar tendrá que ser sometida a una “reingeniería muy profunda”.

“Hay que llevar a los militares nuevamente a lo que eran sus competencias naturales. Y eso será muy difícil”, advirtió.

Es procedente señalar que la información fue facilitada por Diálogo. Edición, Área Periodística OIPOL.

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Las Escuelas Internacional de Criminología y Europea de Criminología, conforman el Área Académica OIPOL.

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