Paramilitares irradian terror con los sequestros en Nicaragua


  • Grupos armados mantienen a los nicaragüenses en alerta constante, por temor a ser desaparecidos
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Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, muestra el brazo de una de las víctimas del paramilitarismo, que fue marcado con las letras FSLN, siglas del partido oficial. (Foto: Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua).

Los grupos paramilitares y parapoliciales nicaragüenses realizan secuestros y mantienen a algunas de sus víctimas en celdas clandestinas, explica a Diálogo Roberto Orozco, consultor en Seguridad y Crimen Organizado en Nicaragua. Son la cara pública de la represión. Su principal tarea es enviar un mensaje de terror a la población para proteger la estabilidad del régimen de Daniel Ortega. Quienes sufren la violencia de estos grupos en Nicaragua no pueden hacer mucho, pues los casos son desestimados, archivados u obviados por el sistema judicial.

“Los opositores desaparecen por un tiempo y luego aparecen en las celdas de las delegaciones de la policía”, agregó Orozco . “[Los paramilitares] se desplazan con armamento de guerra en las localidades para hacer notar su presencia”.

Los paramilitares utilizan diversas formas de agresión contra los opositores además del secuestro. “Existe hostigamiento constante a personas excarceladas y a sus familias, como vigilancia, allanamientos ilegales, agresiones físicas, acoso en redes sociales, amenazas y vandalismo”, explicó a Diálogo Asunción Moreno, catedrática de Derecho Constitucional y Derecho Penal de Nicaragua. “Esto no solo es perpetrado por agentes paraestatales y simpatizantes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del presidente Daniel Ortega], sino también por la Policía Nacional”.

“Ellos son quienes hacen el ‘trabajo sucio’, el que no puede hacer la Policía Nacional”, indicó Orozco. “Son los sicarios del partido político en el poder, el FSLN, dispuestos a asesinar a quienes amenacen la estabilidad del régimen”.

Aunque estos grupos hacen mucho dinero cometiendo ilícitos, “en esencia no se dedican a la extorsión y al secuestro con fines económicos; su finalidad es política”, añadió Orozco. “Operan con la Policía Nacional y reciben su protección. Aunque son acusados, no se ejerce la acción penal en su contra”.

Xavier Mojica estudiaba Diseño Gráfico cuando lo secuestraron en julio de 2018 en Managua durante la ‘Operación Limpieza’, una acción estatal para repeler con armas de guerra a las protestas de abril 2018. No era opositor y su única pasión era su futuro profesional.

“Caminaba hacia mi casa cuando unos hombres armados y encapuchados me subieron a una camioneta”, explicó Mojica a la prensa. “Me metieron en un calabozo, no podía ver ni mi mano. Me interrogaban, me daban golpizas. Nunca hubo otros prisioneros conmigo. Mi único contacto durante diez meses fue con los secuestradores”. Mojica fue liberado 303 días después a cambio de USD $600.

“La estrategia de los paramilitares, donde las víctimas son torturadas y algunas marcadas en el cuerpo, es similar a la que emplean las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18”, aseguró Eliseo Núñez, activista del Frente Amplio por la Democracia, una coalición de partidos políticos nicaragüenses que buscan la democracia en el país. “El modelo es el mismo, tienen control territorial con violencia”.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) reporta casos de personas que fueron secuestradas y marcadas en sus brazos con los acrónimos “Plomo”, por Patria Libre o Morir, o “FSLN”. Solo en 2019 documentaron casi 2600 denuncias de víctimas que señalaron varias formas de tortura por parte de las fuerzas gubernamentales.

“En 2018, año en que estallaron las protestas sociales, la Comisión recibió más de 4000 denuncias contra el régimen”, informó Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH. “La reducción [actual] de casos no obedece a una mejoría de la situación, sino al asedio permanente que la policía mantiene en torno al edificio de la Comisión, lo cual intimida a quienes tratan de interponer denuncias”.

Moreno y Núñez coinciden en que la falta de independencia del Poder Judicial es manifiesto en los procedimientos de jueces y magistrados, cuyas resoluciones y sentencias condenatorias criminalizan la protesta.

“Las víctimas de torturas, detenciones, violaciones sexuales y asesinatos deberán esperar los ‘tiempos de la justicia’”, agregó Moreno. “Eso quizá ocurra en una etapa post régimen, debido al secuestro de todas las instituciones y poderes del Estado por parte de los Ortega Murillo; el Poder Judicial está supeditado al Poder Ejecutivo”.

Es procedente señalar que a información fue facilitada por Lorena Baires / Diálogo. Edición, Área Periodística OIPOL.

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