Estados Unidos explica las sanciones aplicadas a Venezuela


Desde el 2017 los Estados Unidos han sancionado a personas, empresas y entidades petroleras asociadas con el régimen de Maduro, tanto dentro como fuera de Venezuela.

¿Por qué son necesarias las sanciones y en realidad quién siente su efecto?

Las sanciones de los EE. UU. están diseñadas para asegurar que Maduro y sus compinches no se beneficien de las operaciones ilegales de minería de oro, de las operaciones petroleras estatales o de otras transacciones comerciales que permitan las actividades criminales del régimen y los abusos a los derechos humanos.

Por ejemplo, las sanciones petroleras están diseñadas para “cortar esas fuentes de ingresos financieros y evitar que la industria petrolera sea explotada para patrocinar nada”, dijo Carrie Filipetti, del Departamento de Estado, ante una comisión del Senado de los EE. UU.

Ello significa que las sanciones se aplican en contra de alguien como Alex Saab, un empresario colombiano que utilizó una red de empresas ficticias para ocultar las ganancias logradas con contratos sobrevalorados y sin licitaciones, obtenidos por medio de sobornos. Ahora que ha sido sancionado, ya no tiene permitido realizar negocios en los EE. UU. o por medio del sistema financiero estadounidense.

Los economistas coinciden en que las sanciones de los EE. UU. no son responsables del declive de la economía venezolana. De acuerdo con un estudio de la Institución Brookings y de la Universidad de Harvard, “al analizar varios resultados socioeconómicos en Venezuela a lo largo del tiempo, se observa claramente que el peso del deterioro de las condiciones de vida ocurrió mucho antes de que las sanciones fueran aplicadas en 2017”.

Aun cuando el Gobierno de los EE. UU. impone sanciones a personas y empresas partidarias de Maduro, no disminuye la cantidad de asistencia que proporciona a Venezuela.

El Gobierno de los EE. UU. aportó más de USD 656 millones en ayuda para salvar vidas al pueblo venezolano, entre 2017 y 2019. El presidente Trump propuso en el presupuesto fiscal de 2021 incluir USD 205 millones para atender las necesidades de salud y agrícolas de los venezolanos.

Si bien el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a personas y organizaciones, las “sanciones no tienen que ser permanentes para quienes quieran contribuir al futuro democrático de Venezuela”, explicó Elliott Abrams del Departamento de Estado. Pero “quienes se sigan beneficiando o apoyen a Maduro deben estar sobre aviso”.

Es procedente señalar que a informaciónfoi facilitada por Noelani Kirschner / ShareAmerica. Edición, Área Periodística OIPOL.

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