El genocidio del narcoestado erigido por el régimen chavista


  • Presos políticos de Venezuela, incomunicados a pesar del COVID-19

La organización no gubernamental (ONG) venezolana Foro Penal, reveló que hasta la primera semana de junio había 451 presos políticos en instalaciones policiales y de cuerpos de inteligencia de Venezuela.

Esto equivale a un incremento del 35 por ciento con respecto al número de detenidos por razones de ideología, contabilizados en marzo por la misma organización, y refleja que el conflicto político no ha cesado en Venezuela, ni siquiera durante la pandemia de COVID-19.

Las cifras de Foro Penal en esta materia son tomadas como referencia por la Organización de Estados Americanos (OEA), según lo ha declarado Luis Almagro, secretario general de la OEA. De acuerdo con el abogado Gonzalo Himiob, representante de la ONG, entre las razones para las detenciones están el descontento por las fallas en los servicios públicos de electricidad y agua potable, así como la escasez de gasolina. Igualmente, varias personas han sido privadas de su libertad, como consecuencia de procedimientos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) venezolana. Entre ellos, figuran tres capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), implicados en el intento fallido de asaltar el puesto de la GNB en el sector de Puerta Morocha, estado Miranda, a mediados de abril.

Los agentes de la DGCIM han privado de su libertad tanto a civiles como a militares, con prácticas que según Himiob podrían ser similares a las desapariciones forzadas, puesto que los detenidos pueden ser incomunicados durante semanas, sin que sus abogados o familiares puedan tener información sobre su paradero.

“Oficialmente nunca dan respuesta. Acudes [a la DGCIM] y te dicen que la persona no está [ahí]. Esto sucede con frecuencia en [la] DGCIM. Por eso hablamos de desapariciones forzadas”, explicó Himiob.

Indicó que en ocasiones la persona detenida no es realmente objeto de investigación, sino algún familiar cercano. La acción de los agentes de inteligencia sería entonces una medida de presión, para obligar a que la persona buscada se entregue. Por ejemplo, un caso denunciado al inicio del 2020 involucró la detención de tres familiares del Capitán de la GNB Anyelo Heredia, quien luego de un secuestro de tres años logró evadirse de la cárcel de Ramo Verde, a finales de 2019.

Presos sin espacio

Además de la falta de comunicación con el mundo exterior, los presos políticos en Venezuela permanecen en instalaciones sobrepobladas.

Un informe de abril de Una Ventana a la Libertad (UVL), una ONG venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos, reveló que en marzo permanecían unas 100 personas en las celdas de la central de la DGCIM en Caracas, aunque la capacidad de retención  en esa edificación es de 52 personas. El hacinamiento, indicó el director de UVL Carlos Nieto Palma, es del 92 por ciento.

Nieto indicó que la decisión de enviar a un detenido a las celdas de la DGCIM, o a las del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), es netamente política.

“No existe ningún protocolo establecido para tomar la decisión. Si eres militar la balanza se inclinará hacia la DGCIM, pues la mayoría de los que están allí son o fueron militares”, indicó.

Sin embargo, Nieto indicó  que para el momento de la realización del informe permanecían recluidos en la DGCIM personas como Juan José Márquez, un civil y tío del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó. Márquez fue detenido el 11 de febrero de 2020 al llegar al aeropuerto de Caracas, acusado de llevar explosivos en su equipaje. El 2 de junio fue puesto en arresto domiciliario.

En las celdas del SEBIN  también aumenta la población de presos. Esto sucede luego de varios meses en que parecía que la sobrepoblación era un problema superado. Para el mes de marzo, el informe de UVL contabilizó 137 detenidos.

Nieto indicó que hasta el momento, ni la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, ni sus representantes en Venezuela, han podido ingresar a los centros de detención de la DGCIM y del SEBIN. Agregó que los reclusos están incomunicados, con el pretexto de que se trata de una medida para prevenir contagios por COVID-19.

El reporte de UVL fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité de la ONU contra la Tortura y a los integrantes de la oficina de Bachelet en Caracas.

Es procedente señalar que a información fue facilitada por Diálogo. Edición, Área Periodística Oipol.

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