El narcogobierno venezolano entrega áreas urbanas a grupos armados ilegales


  • Control de diversas áreas urbanas en Caracas y en el interior del país

Con la agudización de la crisis política y la pandemia por el coronavirus, el régimen de Nicolás Maduro ha cedido el control de distintas áreas urbanas en Caracas y en el interior del país a los denominados grupos armados ilegales colectivos.

En las entradas de la parroquia 23 de Enero, apenas a medio kilómetro del palacio presidencial de Miraflores, estas agrupaciones se han atribuido la misión de regular el paso de transeúntes y vehículos.

Según varias ONG de derechos humanos, como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVSC), durante el primer semestre de 2020 se agudizó la represión mediante la aplicación de medidas de confinamiento social, en las que los grupos armados ilegales colectivos han tenido un rol fundamental, junto a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana. Estas agrupaciones tuvieron una actuación destacada en la represión a 221 manifestaciones entre enero y junio de este año, precisó el OVSC.

Simultáneamente, indica el OVSC, los grupos armados ilegales colectivos han participado en acciones de violencia selectiva y amenazas contra la disidencia política, a través de la llamada Operación Furia Bolivariana, puesta en marcha por Maduro a finales de marzo.

“Cincuenta y siete personas fueron víctimas de actos de hostigamiento, que incluyen el vandalismo a la fachada de sus viviendas, con mensajes amenazantes”, indicó la ONG venezolana de derechos humanos Provea.

En su cuenta de Twitter, Provea dijo que en el primer mes del estado de alarma que fue decretado el 13 de marzo hubo 34 detenciones arbitrarias, de las cuales 10 fueron contra periodistas.

Aunque no existe un cálculo preciso sobre el número de grupos armados ilegales colectivos que operan en el país, un informe publicado por Provea en abril de 2019 indica que serían por lo menos 70 grupos. Inicialmente, los grupos solo eran vistos en forma intermitente en grandes ciudades como Caracas, Barquisimeto y Mérida.

“Ellos hacen un trabajo de represión a la disidencia política que resulta menos costoso en términos políticos para el régimen, en comparación a cuando lo hacen los cuerpos de seguridad. Al estar vestidos de civil, dan la impresión de que se trata de un conflicto de pueblo contra pueblo, y eso tiene un menor costo”, explicó Marino Alvarado, coordinador de Difusión e Investigación de Provea.

Para Alvarado, los grupos armados ilegales colectivos han avanzado en un proceso de “asimilación”, para lograr la aceptación dentro de la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso, dijo, explicaría la participación activa de estas agrupaciones en todos los ejercicios cívico-militares llevados a cabo desde finales de 2019.

Estos grupos, indicó, se han transformado en actores fundamentales dentro de la práctica de la “guerra popular prolongada”, que plantea la conversión del ejército regular en una especie de fuerza guerrillera, fusionada con “estructuras del poder popular”.

“Es por esta razón que los [grupos armados ilegales] colectivos no solo se han visto fortalecidos durante los últimos años, sino que la Fuerza Armada se ha visto obligada a admitirlos, entrenarlos y armarlos”, afirmó.

Es procedente señalar que la información fue facilitada por Diálogo, Revista Militar. Edición, Área Periodística Oipol.

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