Inhumanas condiciones de reclusión para los presos políticos de Venezuela


Diálogo / Edición, Área Periodística Oipol – A finales de agosto de 2020, el régimen de Nicolás Maduro sorprendió a la comunidad internacional al anunciar los llamados 110 indultos, y la transferencia para sus casas de presos políticos que hasta ese momento estaban ilegalmente detenidos. Sin embargo, la liberación de estos detenidos dio a conocer las duras condiciones de reclusión que persisten en las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

El politólogo venezolano Nicmer Evans estuvo 51 días detenido en la central de la DGCIM, en Caracas, antes de ser liberado el 1.º de septiembre. Allí estuvo en tres sectores de celdas diferentes. Según Evans, en un sector existe una celda destinada a castigar a los detenidos.

“En esa celda, número cuatro, hay cinco personas encerradas vestidas con bragas [uniformes de prisioneros], a las que sacaban tan solo una vez cada 15 días. Les daban raciones de comida incompleta. Los que estábamos en esa misma sección quitábamos de nuestras raciones para colaborar con ellos”, relató. Indicó además que en los sótanos de la DGCIM dejan encendidas las luces durante días, y luego las apagan por lapsos similares para que los detenidos perdieran la noción del tiempo.

Evans presenció también el momento en que los carceleros aislaron al Coronel (ret.) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Oswaldo García Palomo. El ex militar fue encarcelado en enero de 2019 por su supuesta participación en un complot para deponer a Maduro.

“Al coronel lo llamaron y le dijeron que llevara una garrafa con 5 litros de agua y otra vacía. Luego, lo llevaron a […] una celda muy estrecha, sin luz, que está entre dos pasillos. A García Palomo le dijeron que el agua era para que la bebiera, y el pote vacío para que orinara”, recordó.

Comisión de la ONU

El 12 de septiembre, una delegación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, logró visitar a algunos detenidos en las sedes de la DGCIM y del SEBIN. Luego del encuentro, el Capitán de Navío de la Armada Bolivariana Luis de la Sotta, quien lleva 28 meses de detención, relató a su hermana, Molly de la Sotta, que fueron castigados mediante el encierro prolongado y la privación de medicinas.

Por ejemplo, el General de Brigada de la GNB Héctor Hernández Da Costa, encarcelado desde agosto de 2018 por su presunta participación en un supuesto atentado contra Maduro, y quien también habló con los enviados de la ONU, tiene un pie infectado por diabetes, indicó su defensora Zoraida Castillo. Dijo que al oficial lo llevan al hospital militar, pero no le hacen exámenes. Los médicos se colocan a su lado “y le toman una foto, creo que con la intención de mostrarla después ante la ONU”.

Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, a mediados de septiembre, 333 personas permanecerían como prisioneros de conciencia en todo el país.

Alonso Medina, abogado venezolano especializado en jurisdicción militar, afirmó que luego de los informes de Bachelet en 2019 y 2020, han sido pocas las modificaciones verificadas en el tratamiento hacia los presos de conciencia.

“A un grupo de presos les permitieron llamadas telefónicas, que antes no podían hacer. A otros, los sacan para que tomen sol. Pero no hay un criterio sobre quiénes pueden llamar o tomar sol […]. Generalmente, los presos permanecen incomunicados”, dijo.

El 15 de septiembre, la Misión de Determinación de Hechos, un grupo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, presentó un informe que documentó 77 casos de torturas. Según el documento, estas torturas se producían en el cuartel de la DGCIM y en otros inmuebles dispersos en la capital. A pesar de las limitaciones, como la falta de acceso a Venezuela para el equipo de la misión y el brote del COVID-19, el informe establece que “se han cometido violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional”.

Evans recordó haber visto las cicatrices de los militares y civiles que fueron torturados y que todavía permanecen en la DGCIM. A un recluido lo colgaron con esposas durante tanto tiempo que “tiene el brazo izquierdo desprendido”, relató. Otros tienen en la piel las marcas por la electricidad que les aplicaban, dijo el politólogo.

Todo esto sucede en un contexto de paralización de los tribunales con motivo de la pandemia. “Solo nos queda la Defensoría del Pueblo y el Ministerio [de la Defensa]. Pero ya sabemos lo que sucederá allí”, concluyó Molly de la Sotta.

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