Justicia de Guatemala condena a exvicepresidenta por corrupción

  • Roxana Baldetti, penada por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
A Foto AP
La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti aguarda el inicio de uno de sus varios juicios por corrupción en Ciudad de Guatemala, 8 de octubre de 2018. Un tribunal condenó a 15 años y medio de prisión a Baldetti por su participación en la adjudicación de un contrato que pretendía el uso de una fórmula para descontaminar el Lago de Amatitlán, la que resultó ser un fraude, martes 9 de octubre de 2018. (AP Foto/Moisés Castillo)

Ciudad de Guatemala— Un tribunal guatemalteco condenó a 15 años y medio de prisión a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en la adjudicación de un contrato que pretendía el uso de una fórmula para descontaminar el Lago de Amatitlán, la que resultó ser un fraude.

Baldetti, quien siempre negó los cargos, no quiso hablar con la prensa después de la condena por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, que fue leída por el tribunal a las 3 de la madrugada del martes. La exmandataria deberá seguir en prisión. Fue detenida en 2015, meses después de renunciar al cargo tras acusaciones de corrupción.

Según la acusación de la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), Baldetti junto con otras 12 personas se coludieron para entregar un contrato por unos 18 millones de dólares a la empresa Israelí M. Tarcic Engineering Limited, para la limpieza del lago. Sin embargo, estudios determinaron que el líquido, llamado por la prensa “agüita mágica”, no era más que agua, sal y cloro.

El lago de Amatitlán, 27 kilómetros al sur de la capital, aún está contaminado por una cianobacteria que provoca la proliferación de algas.

El juez Pablo Xitumul, al leer la sentencia, dijo que Baldetti, de 55 años, era la líder de la organización y que era conocida como “la mera mera, la jefa o la gran jefa” y que los acusados realizaron eventos amañados, se confabularon con empresarios para saquear al estado y que con sus acciones vulneraron a la población. “Con actores del sector privado se concertaron y organizaron actos perversos”, dijo Xitumul.

Según la CICIG, para alcanzar su cometido la organización criminal diseñó un esquema que le permitió operar desde cuatro ámbitos: el apoyo político y la operación de alto nivel; las instituciones donde se emitieron los dictámenes técnicos para justificar la compra del servicio; la empresa M. Tarcic Engineering Limited, creada para obtener el contrato, y la utilización de una serie de empresas y personas para desviar los fondos a terceros.

Juan Francisco Sandoval, Jefe de la fiscalía contra la Impunidad, dijo a The Associated Press que la sentencia es un triunfo y que es lo que la fiscalía buscaba: “que la justicia se aplique para todos”.

Un total de 13 personas fueron acusadas en este caso. Algunas fueron absueltas y otras condenadas, como Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidenta, sentenciado a 13 años prisión.

El argentino-israelí Hugo “Uri” Roitman, enlace de la empresa en Guatemala, fue condenado a 11 años por asociación ilícita y fraude.

La salida del gobierno de Baldetti fue el inicio de la caída del gobierno del general Otto Pérez Molina en 2015, luego de manifestaciones pacíficas de miles de ciudadanos enojados por las acusaciones de corrupción de su gobierno. Pérez Molina, elegido en 2012, también guarda prisión a la espera de un juicio en su contra.

Este fue uno de tres casos de corrupción en donde Baldetti está señalada. El primero y más importante es el llamado “La Línea” y por el cual tuvo que renunciar, junto con Pérez Molina, sobre un fraude aduanero millonario.

Baldetti además está acusada en el caso llamado “La Cooperacha”, en el que junto con otros funcionarios de gobierno habrían recolectado dinero del erario para comprar regalos para el entonces presidente.

Estados Unidos ha acusado a la exvicepresidenta de narcotráfico y solicitado su extradición, que Baldetti ha aceptado.

Es procedente indicar que la información fue facilitada por Associated Press (AP). Edición para OIPOL, Luján Frank Marachio.

Cuadro de daños colaterales de la corrupción en México

  • Institucional de( la Organización Internacional de Policías (OIPOL) – Por International Police Association México (IPA)

México DF- El sistema de desarrollo policial en México es inexistente en los hechos. Los policías trabajan con salarios precarios y casi la mitad de ellos no ganan ni 10 mil pesos. El 70 % nunca ha recibido un ascenso, 16 % ha sido víctima de abuso sexual y, por si fuera poco, varios son obligados a hacer labores que nada tiene que ver su trabajo, como recoger basura o hasta ir a votar por un candidato.

Un estudio desnuda las carencias en las que trabajan los integrantes de las corporaciones policiales, tanto en materia de preparación y desarrollo, como en equipamiento.

Por ejemplo, poco más del 45 % de los policías tiene un salario por debajo de los 10 mil pesos, mientras que el 39% percibe un salario de entre 10 y 15 mil pesos mensuales. Solamente el 15 % de los encuestados reconoció que tiene un salario por encima de los 15 mil pesos.

Tener bajos salarios es un problema para los policías, pero lo es más cuando tienen que pagar por sus propios materiales de trabajo. El 41 % de los elementos estatales ha tenido que poner de su bolsa para comprar botas; el 38 % para comprar su uniforme; 32 % ha tenido que pagar con su sueldo la papelería para informes; el 26 % pone de su dinero para hacer reparaciones a la patrulla.

El 20 % de los policías también ha tenido que gastar en cartuchos para sus armas; otro 12 % gasta en gasolina para sus vehículos y el 11 % en algo vital: chalecos antibalas.

¿Qué hay de tener un futuro y progreso como policía? Difícil, pues el 61 % de los policías desconoce por completo cuál es el procedimiento (si es que existe) para obtener ascensos, y de hecho, el 36 % de los agentes considera que los ascensos llegan por “recomendaciones” y no por méritos.

¿Un ascenso? 68 % de los elementos reconoció que nunca ha tenido uno en toda su carrera mientras que un 14 % señala que el ascenso que tuvieron fue hace más de tres años. Solo un siete % de los policías ha recibido un aumento en su último año de trabajo.

Si hablamos de estímulos económicos o algún tipo de reconocimiento por su labor, la realidad es todavía peor. El 89 % de los agentes asegura que nunca ha recibido este tipo de incentivos.

La labor de un elemento de Seguridad Pública es prevenir el delito en cualquiera de sus manifestaciones. Pero los policías en México son utilizados frecuentemente para trabajos que nada tienen que ver con su responsabilidad.

Los resultados de la encuesta ¿Qué piensa la Policía? evidencian, por ejemplo, que el 15 % de los uniformados reconoce que ha sido utilizado para “encargos personales” de sus jefes, o sea de mandaderos. Incluso, al 9.5 % le encargan recoger basura o destapar coladeras.

7% de los policías reconoce que le han pedido hacer encargos hasta para familiares del mando superior. Al 5% lo han puesto a hacer trabajos de mantenimiento en sitios públicos y a otro 5 % le ha ordenado ir a votar por un candidato en elecciones.

 Tres de cada 10 agentes aseguraron haber sido objeto de humillaciones durante su época como policía, y un porcentaje similar afirmó haber padecido algún tipo de discriminación.

16 % admitió un abuso sexual en su carrera y otro 15 % reportó abusos físicos en el trabajo.

Para 4 de cada 10 policías en el país hay corrupción en la corporación donde trabaja, 30% no sabe si la hay, y el resto lo niega.

Causa en Común advierte también una actuación prejuiciosa de los agentes por una preparación inadecuada, pues tres de cada 10 elementos sostuvieron que la identificación de personas sospechosas la hacen por su apariencia, ya sea por la vestimenta o por su apariencia física.

Marcela Figueroa, investigadora de la organización, señala que los resultados de esta encuesta dejan en claro tanto las deficiencias en la formación de los policías estatales en nuestro país, así como el desconocimiento pleno de las condiciones en que desarrollan su profesión.

“No hay carrera policial en este país, pero no solo eso. Los policías no conocen sus derechos ni sus obligaciones y eso es gravísimo. Muchas veces las corporaciones si pueden tener ciertos procesos, pero los agentes no los conocen y eso es igual a cero”, dijo.

Laura Carrera Lugo, coordinadora del Sistema de Desarrollo de la Policía Federal confirmó que las deficiencias identificadas en el estudio de Causa en Común son reales aun cuando se han hecho esfuerzos para tratar de revertir esta situación.

En su intervención en el Foro Sumemos Causas, tras la presentación de resultados de la encuesta, la funcionaria y especialista reconocía que el diseño de la carrera policial en el papel se quedó a medias lo que contribuye a que los avances en los hechos sean mínimos.

Una situación que ha hecho más evidente y profunda esta deficiencia es la necesidad que tiene el país de más uniformados ante las condiciones de inseguridad, lo que provoca que la formación y capacitación sea raquítica. Se pondera cantidad sobre calidad.

“Muchas veces lo que quieren las autoridades políticas es cocinar policías de un día para otro, capacitándolos desde 15 días hasta seis meses en el mejor de los casos, cuando en realidad el mínimo que marcan los estándares de capacitación, pero el mínimo debe ser de un año”, subrayó.

La especialista en temas de seguridad Elena Azaola Garrido dijo que ni siquiera se puede hablar de un tema de recursos económicos pues en los últimos años el presupuesto para la seguridad se ha incrementado. Lo que, si se necesita, en cambio, es gastar mejor esos recursos.

“Hay que hacer ver a las autoridades que tienen que dar respuestas a las necesidades de los policías como una condición ineludible para que hagan su trabajo los policías”, dijo la experta, que además estimó conveniente – como varios especialistas más – que se revise la seguridad social de los policías pues sus derechos, de acuerdo con el apartado B del artículo 123 constitucional, se encuentran acotados.

Para esto ya se han realizado muchos Foros, Congresos y Conversatorios también por otras asociaciones policiales pertenecientes a la sociedad civil y sin fines de lucro (en México está prohibido tener sindicatos de policías operativos) y se logró en el año 2017 que la cámara de diputados se aprobara la reforma constitucional a dicho artículo 123 apartado B fracción décimo tercera segundo párrafo donde nos indica que todo policía que sea retirado de su servicio y este gane el juicio laboral correspondiente no será reinstalado en sus antiguas labores, en este momento solo falta la aprobación de la cámara de senadores para que suceda lo contrario, esto es que si un policía demuestra mediante juicio que no debió ser despedido tenga la opción de reingresar a la fuerza policial con la misma jerarquía que tenía antes de ser despedido. Esto es solo la punta de la lanza para lograr la dignificacion de la labor policial en México.

Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de México de 2017 concluyó que el 65,7% de los mexicanos consideraba que los cuerpos policiales estaban controlados por el crimen organizado. El 83,1% de los 1.326 participantes respondió que en México hay mucha delincuencia y el 66,5% consideró que es poco o nada probable acabar con la corrupción en su país.

Según la organización mexicana Causa en Común, la corrupción “es una de las principales causas de desconfianza ciudadana en sus instituciones” y se da, entre otros motivos, por “avaricia” y “motivaciones personales como el ego o el deseo por el poder”, escriben en su página web.

Datos del Gobierno de México muestran que un policía cobra de media 554 dólares al mes —el monto va creciendo conforme se asciende en el cuerpo, hasta llegar a los 2.658 dólares mensuales en el cargo de comisario—. La cifra es similar a la de sus compañeros de Colombia (donde el sueldo inicial ronda los 505 dólares mensuales), o Chile (donde comienzan con 508 dólares/mes como sueldo base), pero es notablemente inferior a los 3.541 dólares con los que empieza un policía en Nueva York(EE.UU.), por ejemplo.

En una publicación de 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carlos Santiso, jefe de la división de Capacidad Institucional del Estado del BID, y Nathalie Alvarado, de la unidad de Seguridad Ciudadana y Justicia de esta entidad, argumentaban que una de las prioridades de América Latina era reformar la Policía.

Ambos expertos ponían el ejemplo de Ecuador: “Se ha duplicado el presupuesto para la seguridad”, decían, “y se aumentaron los sueldos de los agentes para contar con la policía nacional mejor pagada de la región”. ¿El resultado? “Estas reformas contribuyeron para obtener resultados importantes; el índice de homicidios cayó un 64% en tres años y [la tasa] llegó aproximadamente al 8 [homicidios por cada 100.000 habitantes] en 2014”, escribieron.

Sin embargo, un análisis de InSight Crime de 2011 argumentaba que subir los sueldos, por sí solo, no eliminaría la corrupción en México. “Ese enfoque es solo una parte de las reformas necesarias para que la aplicación de la ley en el país sea más honesta”, decía el texto.

Esa es la misma opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadanos de México, quien puso especial énfasis en las condiciones laborales de los agentes de seguridad.

Este experto no negó el poder del dinero para corromper a policías en el país, pero puso especial énfasis en otras cuestiones.

“Las prestaciones laborales son inadecuadas”, dijo, asegurando que muchos agentes “no tienen seguros de gastos médicos” o que sus seguros de vida “son sumamente ridículos”.

“Hay algunos casos en los cuales la debilidad institucional pone a los policías, que no es que quieran corromperse por una cuestión económica, sino que no les queda otra”, aseguró. “Tienen que enfrentar el embate de una criminalidad organizada mucho mejor equipada y que utiliza medios coercitivos muy agresivos en un contexto en el que no hay quien proteja a la misma autoridad. Se gastan miles de millones de pesos y eso no ha garantizado ni mejores condiciones laborales para los policías ni mejores resultados en materia de seguridad para los ciudadanos”.

Hay que cambiar la ecuación de manera tal que el gasto impacte donde tiene que impactar”.

Expertos ponían el ejemplo de Ecuador: “Se ha duplicado el presupuesto para la seguridad”, decían, “y se aumentaron los sueldos de los agentes para contar con la policía nacional mejor pagada de la región”. ¿El resultado? “Estas reformas contribuyeron para obtener resultados importantes; el índice de homicidios cayó un 64% en tres años y [la tasa] llegó aproximadamente al 8 [homicidios por cada 100.000 habitantes] en 2014”, escribieron.

Sin embargo, un análisis de InSight Crime de 2011 argumentaba que subir los sueldos, por sí solo, no eliminaría la corrupción en México. “Ese enfoque es solo una parte de las reformas necesarias para que la aplicación de la ley en el país sea más honesta”, decía el texto.

Esa es la misma opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadanos de México, quien puso especial énfasis en las condiciones laborales de los agentes de seguridad.

“Indudablemente, las condiciones laborales, no solo salariales, son un caldo de cultivo negativo en términos de incentivos que puede tener una persona para corromperse”.

Lamentablemente, en buena parte de los delitos en el país, siempre aparece un policía coludido con secuestradores, sicarios o pandilleros de los narcotraficantes.

No es ningún secreto que la situación de gran delincuencia que ocurre en México se debe a la ineptitud y corrupción de las policías, los ministerios públicos y los jueces.

La cadena de la procuración de justicia está totalmente penetrada por la delincuencia.

Existe en el país una Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que, según su artículo 17, “la posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional” para su registro.

Por supuesto que lo que manda la Constitución, ni las propias autoridades las respetan porque el país está lleno de armas que se portan ilegalmente, lo mismo en la calle que en un restaurante o un centro nocturno y se usan para asesinar.

Entre 2009 y 2016, el 50 por ciento de los homicidios ocurrían con arma de fuego. En 2017, aumentó a 65 el porcentaje.

El año pasado, también la venta legal de armas creció. El año pasado, la Sedena vendió 40 armas de fuego diario y un total de 14 mil 400 al año.

Desde una pistola 22 a una bazuca, no se producen en México. Se compran a los Estados Unidos y se pasan por las fronteras nacionales.

La PGR ubica cuatro rutas para el ingreso ilegal de armas. El Pacífico, por Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca; el Centro, por Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca; el Golfo, por Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Veracruz y Oaxaca; y el Sur por Balacán, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo.

El actual gobierno ha destinado 70 mil millones de pesos en apoyo a estados y municipios a través de diversos fondos y subsidios destinados a la seguridad.

Todo fue dinero mal gastado, porque ningún índice delictivo ha disminuido. Al contrario, todos registraron un aumento de hasta el 100 por ciento.

En los últimos cinco años, se han promulgado tres leyes para el combate a la inseguridad. Primero, fue el nuevo Sistema de Justicia Penal, que pasó de la culpa a la presunción de inocencia.

Tal medida permitió que salieran libres, a volver a sus fechorías, más de 10 mil presos

También, se intentó establecer el Mando Único Policial, tan útil como la carabina de Ambrosio, que sigue durmiendo el sueño de los justos hasta que el 2 de julio los mexicanos acudan a las casillas a votar por el nuevo Presidente y, de paso, incluirán una boleta para definir si el pueblo acepta o no esta nueva policía.

Conociendo lo inescrupulosas y corruptas que son las policías nacionales, puede anticiparse, sin temor, que el Mando Único sólo servirá como instrumento de los gobernantes para robar los recursos públicos, más de lo que ya lo hacen.

En tercer lugar, se aprobó y promulgó la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación del Ejército en labores de seguridad pública, algo que hace desde el 2006 cuando Felipe Calderón sacó a los militares a las calles para legitimar el fraude electoral que lo llevó al poder.

Pero el riesgo real es que se abre la puerta para un “cuartelazo”. Ante las críticas de diversos sectores y organismos internacionales, el presidente Peña Nieto la promulgó pero la envió a la Suprema Corte de Justicia para que definiera su constitucionalidad.

El investigador de la UNAM, Gleb Zingerman, dijo que “los problemas ligados a la delincuencia organizada y a las amenazas del terrorismo son fenómenos que poseen potencial de desestabilizar a gobiernos democráticos, tal y como lo demuestran claramente los casos de Colombia y Georgia.”

A pesar de que México ya tenía sus leyes de armas y explosivos, y contra la delincuencia organizada de 1972 y 1996, las convenciones internacionales crearon la obligación para los países miembros de utilizar todos los mecanismos legales a su alcance, inclusive la fuerza de cooperación.

Se siguen dando muchos discursos en torno al tema de la seguridad, se desgañitan los legisladores de oposición en afirmar que México se ha convertido un Estado fallido, los diputados “de la vela perpetua” predican el amor al prójimo con la metralleta en la mano y así sucesivamente son las contradicciones mexicanas, en torno a sus leyes, aunque sean tan importantes como la de impedir que los delincuentes sigan allegándose armas para cometer sus delitos.

Resulta crucial que haya políticas y estrategias multiespectrales que abarquen no solamente el problema de tráfico de armas, municiones y explosivos, sino también sus nexos con la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo

No es novedad que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra fracturada. Tampoco lo es el gran distanciamiento que existe.

Los ciudadanos desconfían de la policía, muchos la consideran corrupta, poco preparada y abusiva, que ha existido en el olvido institucional, por así servir a los fines del poder público. En la práctica, se puede observar que los miembros de las instituciones de policía históricamente han recibido una formación improvisada e insuficiente y rara vez se les ha infundido la importancia que su rol social tiene para el mantenimiento de las instituciones y en la construcción de relaciones sociales capaces de resolver los conflictos y las diferencias de manera pacífica.

Las prácticas policiales que derivan en abusos tienen en su origen una estructura jerárquica poco democrática, vertical y abusiva de su propio poder.

En México los mandos policiales son seleccionados principalmente por su cercanía con el jefe político local, sea presidente municipal, de una entidad o del propio país.

Rara vez se hace un análisis que permita garantizar que su perfil profesional sea apto para el cargo y, en todo caso, se valora más su lealtad política.

Esto provoca que, con frecuencia sean nombrados mandos policiales que no tienen la experiencia, el conocimiento, ni la sensibilidad para atender los temas de seguridad y policía.

Son mandos que muchas veces operan más al servicio de intereses políticos y que no tienen incentivos para actuar en favor de la población, en tanto fueron nombrados por un jefe político, que también es el encargado de removerlos y, por tanto, los usa según sus propias necesidades e intereses, que no siempre son los del pueblo.

Así pues, en buena medida, la corrupción y el abuso por parte de la autoridad, son ingredientes que nuestras instituciones policiales padecen debido a condiciones estructurales creadas desde el poder político, que la ha formado a su modo para mantener el control social y aprovechar los beneficios que sus características permiten, lo que provoca que tengan un desempeño poco aceptable, como se verá más adelante.

Según el artículo Relaciones de autoridad y abuso policial en la Ciudad de México, “el abuso policial es un fenómeno complejo que obedece a factores de diferentes niveles. Comprende formas tradicionales de efectuar el trabajo policial ajenas a principios democráticos, en las que el control sobre la población, en particular sobre ciertos grupos, es visto como una capacidad ‘natural’ de su trabajo; incluye prácticas de extorsión a la ciudadanía ampliamente institucionalizadas, y depende de factores culturales de la organización policial, no ajenos al resto de la sociedad, en los que se establecen pautas morales sobre quién merece ser castigado”.

Partiendo de esta lógica, el abuso policial y el abuso de autoridad en general, ocurre cuando un servidor público aprovecha su cargo o funciones para sacar algún tipo de provecho personal o para beneficio de sus compañeros o superiores jerárquicos.

A diferencia de un funcionario público tradicional, la Policía y las fuerzas de seguridad en general abusan a partir del uso de la violencia. Por ejemplo, cuando realizan una detención y no permiten que el detenido se defienda conforme a derecho o cuando, durante una protesta, incurren en uso excesivo de la fuerza, actuando contra los protocolos dispuestos para ello. Protocolos que, con frecuencia, el personal desconoce.

Añadido a este diseño estructural en la cadena jerárquica, todavía no ha sido posible consolidar un sistema de formación profesional que dote a los agentes de policía de las herramientas conceptuales, metodológicas y doctrinales de su función. Al respecto, existe un programa rector de profesionalización (2014), pero no ha sido realizada, a la fecha, una evaluación que nos permita conocer su grado de penetración y eficiencia en la formación policial. Y al no existir una base de formación profesional sólida, miles de policías simplemente carecen, total o parcialmente, de los conocimientos y las habilidades necesarias para cumplir su función. Esto se evidencia en personal que no sabe tratar a la gente ni hacer valer, por vías pacíficas y argumentales, la autoridad conferida por el Estado: o es muy grosero, o a veces demasiado servil, depende del tipo de persona con quien toque tratar y de acuerdo a una muy particular visión de la criminalización que tiende a agredir a los más pobres y rendir tributo a los más poderosos.

Así, la Policía con frecuencia es señalada por abusar de su condición para obtener beneficios que los ciudadanos a menudo observamos como actos de corrupción. Esto se debe, además de los factores ya mencionados a que los ciudadanos desconocen sus derechos y en muchas ocasiones prefieren arreglar sus problemas con la autoridad de una manera directa, a través de sobornos o el uso de “influencias” y, en segundo lugar, los policías son a menudo presionados u obligados por sus mandos a llenar cuotas de detenidos o de “mordidas” para demostrar eficiencia y para aprovechar su cargo.

Los abusos policiales más conocidos y cuestionados por los ciudadanos son: cohecho, extorsión, privación ilegal de la libertad y abuso sexual. Según el secretario de seguridad pública de la Ciudad de México, tan solo en 2014, 1,200 oficiales de policía fueron dados de baja a causa de estas conductas. Pero no se puede olvidar la tortura, que, según Amnistía Internacional, se produce en 7 de cada 10 mujeres detenidas en México. Esta misma organización tiene documentados 7 mil casos de tortura hasta principios de 2016, de los cuales, solo 5 han recibido sentencias condenatorias.

Es más, según la ONU, “la CNDH informó de 11.608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del D.F. recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014. […] Ante 11.254 quejas de torturas y malos tratos recibidas entre 2005 y 2013, la CNDH emitió 223 recomendaciones, sobre las cuales no existe una sola sentencia penal.” Con estos argumentos, sentencia que la tortura es un problema de abuso policial generalizado en México.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) las instituciones menos confiables en materia de seguridad son la Policía Municipal (48.7%), el Ministerio Público (47.6), la Policía Ministerial (47.5%) y la Policía Estatal (42.8). El orden de la desconfianza se debe a muchos factores, pero la corrupción es uno de los principales, la encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental 2015, marca que 48.9% de la población percibe a la corrupción como algo de frecuente ocurrencia en su entidad.

Es procedente indicar que la información fue facilitada por International Police Association (IPA). Edición para OIPOL, Luján Frank Maraschio.

Benjamin Netanyahu es interrogado en caso de corrupción

La policía ha recomendado procesar al primer ministro por cargos de corrupción, en otros dos casos

A Foto AP ---
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una reunión de su gabinete el 8 de julio del 2018. (Abir Sultan/PoolPhoto via AP)

JERUSALÉN — La policía israelí interrogó el martes el primer ministro Benjamin Netanyahu en medio de una investigación por corrupción.

La policía informó que el mandatario fue interrogado “por varias horas” pero no dio más detalles.

Netanyahu ha sido interrogado por las autoridades varias veces en meses recientes. El caso más reciente parece ser uno que concierne a la principal empresa de telecomunicaciones del país.

Dos allegados de Netanyahu han sido arrestados bajo acusaciones de hacer concesiones valoradas de millones de dólares para beneficiar a la compañía de telecomunicaciones, llamada Bezeq, a cambio de que un sitio de internet ligado a la empresa confiera una cobertura elogiosa de Netanyahu. Tales allegados ahora cooperan con la fiscalía.

Netanyahu, en un mensaje colocado el martes en Facebook, negó las acusaciones. Había ejercido la cartera de telecomunicaciones hasta el año pasado.

La policía ha recomendado procesar a Netanyahu por cargos de corrupción, en otros dos casos.

Es procedente indicar que la información y la foto fue facilitada por Associated Press (AP). Edición para OIPOL, Luján Frank Maraschio.

Justicia brasileña libera a condenado por corrupción

  • Ordenan liberación de José Dirceu, exjefe de gabinete del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil
  • Amplios sectores piensan que, la acción de impunidad a la vieja corrupción brasileña está en marcha nuevamente
A Foto A
José Dirceu

SAO PAULO – Rio de Janeiro — El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la libertad para el exjefe de gabinete presidencial José Dirceu, quien había sido condenado a casi 31 años de cárcel por corrupción. Dirceu fue jefe del gabinete del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre enero de 2003 hasta junio de 2005.

El tribunal ordenó el martes excarcelar a Dirceu tras aceptar el argumento de la defensa de que se le debe permitir aguardar en libertad el resultado de su proceso de apelación.

Dirceu fue declarado culpable en mayo de 2016 de lavado de dinero, corrupción y pertenecer a una organización delictiva, bajo una amplia investigación anticorrupción que ha llevado a la cárcel a decenas de políticos y empresarios de Brasil (Operación Lava Jato).

Es procedente indicar que la información fue facilitada por Associated Press (AP). Edición para OIPOL, Luján Frank Maraschio.

Corrupción en campañas políticas de México

El dinero proviene tanto de fuentes públicas como privadas, y es desviado de programas públicos y gobiernos locales para financiar campañas, y luego canalizado a los candidatos por comercios interesados en ganar licitaciones públicas y tener acceso a los funcionarios electos

A Foto AP -
ARCHIVO – En esta foto del archivo del 16 de abril de 2018 se ve al candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez “El Bronco” haciendo campaña en el mercado de La Lagunilla, en Ciudad de México. El INE, el organismo encargado de organizar las elecciones, multó a Rodríguez por irregularidades en su campaña, se anunció el 28 de mayo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte, File)

CIUDAD DE MÉXICO — Por cada peso que declaran los partidos políticos y candidatos a las autoridades electorales mexicanas, 15 más se mueven bajo la mesa, según una investigación del problema del financiamiento ilegal en las campañas.

Tras meses de investigación, la organización sin fines de lucro Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó el martes el reporte en el cual concluía que el sistema público de financiamiento de campañas no ha logrado evitar que el dinero ilegal influya en las elecciones.

El reporte dice que es tal la cantidad de efectivo que se mueve en las campañas electorales que el Banco de México (Banxico) ha documentado aumentos inexplicables en el dinero que circula en la economía en los cincos meses previos a las elecciones.

El dinero proviene tanto de fuentes públicas como privadas, y es desviado de programas públicos y gobiernos locales para financiar campañas, y luego canalizado a los candidatos por comercios interesados en ganar licitaciones públicas y tener acceso a los funcionarios electos.

“El financiamiento ilegal de las campañas es el principal problema de la democracia electoral”, dijo en una entrevista previa a la publicación del reporte María Amparo Casar, una de las autoras del estudio. “Lo que hace es que cuando uno llega al poder, lo que estás haciendo es comprando beneficios”.

El lunes, el organismo encargado de organizar las elecciones en México multó al candidato independiente a la presidencia Jaime Rodríguez “El Bronco” con más de 739.000 pesos (37.000 dólares) por violaciones en su campaña, incluido tener cientos de empleados del gobierno estatal trabajando para reunir las firmas necesarias para obtener la candidatura.

En respuesta, Rodríguez tuiteó que el organismo electoral lo está amonestando sólo porque es controlado por los principales partidos mexicanos.

Las multas fueron anunciadas el lunes en un comunicado del INE, alegando que el candidato recibió 12,8 millones de pesos (650.000 dólares) de financiamiento irregular. Agregó que enviará el caso a la Procuraduría General de la República y a la oficina recaudatoria de México para ahondar en la investigación.

El INE también acusó a Rodríguez de hacer pasar contribuciones de comercios prohibidas, como si fueran de seguidores individuales.

“Se trata de una triangulación para hacer parecer a los ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna”, dijo en un comunicado Ciro Murayama, consejero electoral del INE.

Rodríguez tomó licencia como gobernador de Nuevo León. Es uno de los cuatro candidatos para la elección presidencial del 1 de julio. Su campaña ha dicho que representa una amenaza al estatus quo de los partidos políticos dominantes.

El reporte indicó que el INE tiene que hacer más de estas investigaciones e imponer sanciones más severas. Como están las cosas, los partidos y candidatos pueden hacer un análisis del costo-beneficio para decidir si vale la pena violar dichas regulaciones de darles una ventaja en la elección, dijo Casar.

El sistema público de financiamiento de campañas, vigente desde hace más de 20 años, ha sido exitoso para nivelar la cancha y hacer que las elecciones sean más competitivas, indica el reporte. Pero se necesita una supervisión más agresiva del gasto de campaña.

Los autores del reporte recomiendan que el voto sea obligatorio en México para reducir el gasto en la compra de votos y los esfuerzos para que la gente salga a votar, lo cual está restringido por ley en el país.

También concluyeron que el cálculo utilizado para fijar el límite de gastos no está arraigado en la realidad de lo que cuesta dirigir una campaña moderna.

“Los topes son como una promesa de buen comportamiento que nadie observa y que estimula aún más la infracción de la ley”, dice el reporte.

Al preguntarle si debe considerarse la creación de un camino legal y transparente para que el dinero privado se utilice en las elecciones, Casar dijo que el financiamiento público es la mejor opción. “La entrada masiva, como sería en Estados Unidos, de dinero privado en un país como México, deformaría los ideales de los cimientos de equidad en las elecciones en México”.

Es procedente indicar que la información fue facilitada por Associated Press (AP). Edición para OIPOL, Luján Frank Maraschio.

Justicia Brasileña rechaza recurso de amparo de Lula da Silva

  • El ex presidente izquierdista, cuya condena por corrupción y lavado de dinero fue confirmada en segunda instancia en enero por una corte de apelaciones menor, podría ser forzado a cumplir una sentencia de 12 años en prisión en cuestión de semanas, aún cuando apele ante tribunales superiores.
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Luis Inácio Lula da Silva, con una gorra del “Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra”

BRASILIA  – El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil rechazó el martes por unanimidad un recurso de amparo presentado por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que fortalece la probabilidad de prisión para el influyente político de izquierda que quiere competir nuevamente por la presidencia.

Lula, cuya condena por corrupción y lavado de dinero fue confirmada en segunda instancia en enero por una corte de apelaciones menor, podría ser forzado a cumplir una sentencia de 12 años en prisión en cuestión de semanas, aún cuando apele ante tribunales superiores.

El expresidente, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 -durante el auge de las materias primas-, ha dicho que quiere competir otra vez por la presidencia en las elecciones de octubre de este año.

Lula lidera todos los sondeos de intención de voto.

Sin embargo, es probable que se le impida de participar en las elecciones por una ley que prohíbe la candidatura de cualquier político con una condena criminal que haya sido confirmada en segunda instancia.

Lula enfrenta otro seis procesos por corrupción.

Los cinco jueces que debían decidir sobre el recurso de Lula en la Quinta Sala del STJ, uno de los más altos tribunales brasileños, votaron contra el habeas corpus presentado por la defensa de Lula para evitar su prisión, en una decisión que fortaleció al real frente al dólar.

La defensa de Lula solicitó más tarde el martes que el Supremo Tribunal Federal (STF) incluya en su pauta el pedido de hábeas corpus que presentó en favor del exmandatario brasileño.

El abogado Cristiano Zanin Martins, quien representa a Lula pero no realizó la defensa del expresidente ante el STJ, recordó en una nota que presentó la solicitud de hábeas corpus ante el STF el 2 de febrero y que el caso espera su inclusión en la pauta desde el 9 de febrero.

Es procedente decir que la información fue facilitada por Reuters. Reporte de Ricardo Brito en Brasilia; Reporte adicional de Brad Brooks en Sao Paulo; Editado en español por Natalia Ramos.

Nueva fase de investigación sobre fraude de industria alimentos brasileña

Dijo la policía, en un comunicado, y agregó que emitirán 11 órdenes de arresto temporario y 53 órdenes de búsqueda y captura

SAO PAULO – La policía federal de Brasil dijo el lunes que había comenzado una nueva fase de una investigación conocida como“Carne Fresca” que apunta a un grupo de negocios acusado de actuar fraudulentamente para evadir chequeos de seguridad alimenticia.

El procesador de alimentos brasileño BRF SA es el principal objetivo de esta etapa de la investigación, dijo una fuente bajo condición de anonimato. BRF no realizó comentarios inmediatos sobre el tema.

“El fraude tenía la intención de burlar servicios de inspección para evitar que el Ministerio de Agricultura controle la calidad del proceso industrial de la compañía investigada”, dijo la policía en un comunicado, y agregó que emitirán 11 órdenes de arresto temporario y 53 órdenes de búsqueda y captura.

Es procedente señalar que la información fue facilitada por Reuters. Reporte de Pedro Fonseca y Ana Mano. Editado en español por Lucila Sigal.

Amaggi Exportação e Importação sería beneficiaria de subsídios brasileños

Según una información distribuida por la agencia Reuters, la familia de ministro de Agricultura de Brasil sería favorecida por el programa estatal al maíz

A Foto Agência Brasil --SAO PAULO – Una firma operadora de granos controlada por la familia del ministro de Agricultura de Brasil Blairo Maggi ha sido la principal beneficiaria de subsidios al maíz este año, un caso que resalta las tensiones entre las responsabilidades políticas del magnate multimillonario y sus inversiones.

Desde el lanzamiento de los subsidios agrícolas en mayo, la compañía comercializadora de la familia de Maggi, Amaggi Exportação e Importação Ltda, ha realizado el 70 por ciento de las compras bajo el denominado programa PEP, de acuerdo a un análisis de datos desarrollado por Reuters a partir de la cifras de la autoridad agrícola de Brasil, Conab.

Los subsidios son asignados a través de subastas competitivas y no existe evidencia de que Maggi los esté desviando a su empresa. Sin embargo, los resultados destacan una situación inusual en Brasil, donde la máxima autoridad de la cartera de Agricultura del país tiene un rol preponderante como inversor en el mercado.

Los subsidios están destinados a apoyar a los agricultores brasileños al asegurar que sus cultivos lleguen a los mercados.

Operadores dicen que el Gobierno de centroderecha de Brasil generó sorpresa con su decisión de comenzar a ofrecer el subsidio del programa PEP este año sólo en Mato Grosso, el estado de donde es oriundo Maggi y la base de operaciones del Grupo Amaggi, cuya expansión desde la década de 1990 le ha valido el apoyo de “rey de la soja”.

Una de las consecuencias de la decisión fue que Amaggi quedó en la primera posición para embarcar los cultivos subsidiados, mientras que sus rivales Cargill Inc y Archer Daniels Midland Co compraron sólo 2 por ciento y 1 por ciento del maíz del programa PEP, respectivamente.

En el 2010, cuando Brasil ofreció por última vez el mismo subsidio al maíz pero a un mayor alcance en el país, Bunge Ltd hizo el 27 por ciento de las compras de los cultivos bajo el programa, Cargill se adjudicó el 14 por ciento y Louis Dreyfus Corp el 10 por ciento. Amaggi obtuvo cerca del 4 por ciento.

Las operadoras de granos declinaron emitir comentarios al respecto.

El Ministerio de Agricultura dijo que las decisiones sobre los subsidios fueron tomadas por un grupo de funcionarios de la cartera y representantes del Ministerio de Finanzas y del despacho de la presidencia, en base “a un criterio meramente técnico”, de acuerdo a un comunicado escrito.

La decisión de comenzar con los subsidios al maíz este año en Mato Grosso se debe a los precios inusualmente bajos en el estado, dijo el ministerio. El programa fue expandido esta semana a otros estados ante la caída de los precios del grano.

Los resultados de una subasta realizada el jueves no estuvieron disponibles para ser publicados de inmediato.

“Amaggi refuta con vehemencia cualquier hipótesis de que recibió información anticipada sobre las subastas”, dijo la compañía en un comunicado. “Las condiciones para participar son uniformes y están preestablecidas y se aplican por igual a todos los participantes del mercado”, añadió.

Los subsidios PEP de Brasil para el maíz totalizaban 51 millones de reales (16 millones de dólares) este año hasta el 13 de julio, una suma pequeña frente a los 3.440 millones de dólares en facturación de Amaggi del año pasado.

Es procedente señalar que la información fue facilitada por Reuters, agencia de noticias. Reporte de Roberto Samora; escrito por Brad Haynes. Editado en español por Marion Giraldo.

El costo de la corrupción en Brasil puede continuar pesando en la economía

Acusaciones contra presidente Temer podrían afectar calidad crédito Brasil: Moody’s

El presidente de Brasil, Michel Temer, durante la 71° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York
El presidente de Brasil, Michel Temer, durante la 71° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. 20 de septiembre de 2016. REUTERS/Carlo Allegri

SAO PAULO – Las acusaciones contra el presidente brasileño, Michel Temer, de haber recibido sobornos han debilitado sus planes de optimizar el sistema de seguridad social, amenazando la calidad del crédito del país, afirmaron analistas de Moody’s Investors Service en un reporte divulgado el lunes.

La turbulencia política resultante podría obligar a Temer a atenuar los efectos de su planeada reforma al sistema de pensiones o a aumentar el gasto para garantizar el apoyo de los legisladores, escribieron las analistas Anna Snyder y Samar Maziad.

Las expertas agregaron que esperan que Temer concluya su período.

Moody’s le asigna a Brasil una calificación de Ba2 con un panorama negativo.

Es procedente indicar que la información fue facilitada el día 3 de julio por Reuters, agencia de noticias. Reporte de Guillermo Parra-Bernal; Escrito por Bruno Federowski, Editado en español por Janisse Huambachano.

Procurador general de Brasil dice que Temer recibió ventajas indebidas

  • La Procuraduría General de la República denuncia al jefe do Poder Ejecutivo por crimen de corrupción pasiva
  • “El presidente uso a Rocha Loures para sus objetivos”, dijo Rodrigo Janot

 

SCDS, RS, Brasil – El procurador general de la República, Rodrigo Janot, denunció el lunes (26) al presidente Michel Temer, ante el Supremo Tribunal Federal (STF), por el delito de corrupción pasiva. La acusación se basa en las investigaciones iniciadas a partir del acuerdo de delación compensada de la compañía JBS. El audio de la conversación grabada en marzo por el empresario Joesley Batista, uno de los dueños de la empresa, con el presidente Temer en su palacio es una de las pruebas usadas en el proceso. El Gobierno aún no se ha manifestado sobre la denuncia.

El ex diputado federal Rodrigo Rocha Loures también fue denunciado por el fiscal por el mismo delito. Loures está detenido desde el 3 de junio según determinación del ministro Edson Fachin, uno de los jueces de la Corte Suprema. En abril, el entonces parlamentario fue flagrado recibiendo una maleta que contenía R$ 500 mil (unos US$ 150 mil), que habría sido enviada por Batista. Según la Fiscalía, Temer utilizó a Rocha Loures para recibir ventajas indebidas.

Autorización de la Cámara

La denuncia fue enviada a la oficina de Fachin, relator de la investigación que involucra al presidente Temer. El ministro podrá conceder un plazo de 15 días para manifestación de la defensa antes de remitir el caso a la Cámara de Diputados, envío este que deberá ser cumplido por la presidenta de la Corte, la ministra juez Cármen Lúcia.

De todo modo, el STF no podrá analizar el tema antes de una decisión del Legislativo, ya que, según la Constitución, cualquier denuncia presentada contra el presidente de la República necesita la aprobación de dos tercios de la Cámara, es decir, 342 diputados, para someterse a juicio. Si obtiene el visto bueno de los parlamentarios, el proceso vuelve al Supremo para ser juzgado, el presidente se convierte en reo y se aparta de sus funciones por hasta 180 días. Si rechazan la denuncia, ella será archivada de inmediato y no podrá ser juzgada por el Supremo.

Durante la investigación, la defensa de Temer cuestionó la legalidad de las grabaciones y los beneficios concedidos al empresario Joesley Batista por la Fiscalía en el acuerdo de delación compensada. Los abogados de Loures afirman que la prisión es ilegal y que el exdiputado no delatará.

Es procedente indicar que la información fue facilitada en las últimas horas por Agência Brasil (EBC).

Exministro brasileño es sospechoso de corrupción y lavado dinero

Detienen exfuncionario,  titular de la cartera de Turismo, Henrique Eduardo Alves, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)

A Foto BrasilBrasilia – La Policía Federal (PF) detuvo en la mañana de este martes (6) al exministro de Turismo Henrique Eduardo Alves, del oficialista PMDB. Alves está sospechado de corrupción y lavado dinero por desvíos en la construcción del estadio Arena das Dunas, en la ciudad de Manaus (norte), que albergó partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Los desvíos podrían sumar US$ 23 millones. Alves fue arrestado en Natal, estado de Río Grande del Norte, durante la Operación Manus.

Pesan órdenes de prisión preventiva contra otras cuatro personas, incluyendo el exdiputado Eduardo Cuña, también del PMDB, que ya se encuentra detenido en el Complejo Médico de Pinhais, en Curitiba (sur), en el marco de la Operación Autolavado.

Contra Alves también pesa otro pedido de prisión presentado por el Ministerio Público Federal del Distrito Federal, por sospechas de haber ocultado otros US$ 6 millones en cuentas en el exterior. Los recursos serían procedentes de corruptelas cometidas por un grupo liderado por Cunha, cuyo nombre apareció vinculado a irregularidades en fondos de pensión y loterías del banco estatal Caixa Económica Federal.

La operación ha sido posible gracias el análisis de pruebas recolectadas durante varias etapas de la Operación Autolavado, en especial tras el levantamiento de los secretos bancarios y fiscales y de delaciones de ejecutivos de la constructora Odebrecht, validados en enero por el Supremo Tribunal Federal (STF).

En junio del año pasado, Henrique Eduardo Alves se convirtió en el tercer ministro a renunciar en poco más de un mes del gobierno Temer, después de denuncias relacionadas con la Operación Autolavado. En aquel entonces, Alves fue mencionado en la delación de Sérgio Machado, expresidente de Transpetro, una subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras.

El nombre de la Operación Manus hace referencia al proverbio latino Manus Manum Fricat, que significa “una mano lava la otra”.

Es procedente indicar que la información fue facilitada el día 6 de junio por Agência Brasil, de la estatal Empresa Brasil de Comunicación (EBC).

Justicia de Brasil investiga nuevos delitos de autoridades públicas

Policía Federal despliega nueva fase de la Operación Lava Jato, Apodada “Operación Ratatouille”

Foto de Polícia Federal de Brasil

SAO PAULO – La policía federal de Brasil dijo el jueves 1 de junio que está realizando allanamientos y que arrestó a una persona en el marco de una investigación de un supuesto fraude en contratos para suministrar alimentos a escuelas y prisiones en el estado de Río de Janeiro.

Apodada “Operación Ratatouille”, la investigación que se arrastra por seis meses descubrió evidencia de que podrían haberse pagado al menos 12,5 millones de reales (3,87 millones de dólares) en sobornos a funcionarios del gobierno federal por parte de contratistas, dijo la policía.

La operación fue realizada en conjunto con el Ministerio Público Federal y el organismo que controla el área impositiva del país (Receita Federal). El Objetivo de la acción son las empresas Mazan y Milano, que pertenecen a un grupo familiar. Ellas suministraban alimentos para hospitales públicos del estado fluminense y para el Comité Olímpico Brasileño (COB), durante los Juegos Olímpicos del año pasado.

El individuo arrestado durante la investigación, que no fue identificado, enfrenta acusaciones que incluyen corrupción y lavado de dinero.

La policía también ejecutó órdenes de búsqueda y captura en las ciudades de Río de Janeiro, Mangaratiba y Duque de Caxias, dijo el comunicado.

De acuerdo con la Policía Federal, “el nombre de la operación remite a un plato de la culinaria francesa, en referencia a una cena un restaurant de alta categoría en París, en la cual estaban presentes diversas autoridades públicas y empresarios que poseían negocios con el estado”.

Es procedente señalar que la información fue facilitada por Reuters, agencia de noticias y Agência Brasil (EBC).

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